¿Se pueden defender desde el Estado los Derechos Humanos?

(En torno a la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos)[1]


Una vez más, el gobierno del Sr. Maduro fundado en el populismo bonapartista dirigido por militares, policías y con un lumpen político de derecha e izquierda, que como una verdadera Corte de los Milagros le sirve de comparsa, vuelve a trazar la agenda de acción a las ONG defensoras de los DD.HH y de las libertades democráticas en el país.


De nuevo el trapo rojo agitado el pasado 10 de septiembre de 2012 por el fallecido comandante supremo y eterno, sobre la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos y el posterior retiro de Venezuela de la CIDH[2], se ha convertido para estas ONG y otros sectores del país, en una suerte de juicio final, un verdadero apocalipsis para la defensa de los DDHH en Venezuela. Desde entonces diversas organizaciones, partidos de la llamada oposición y páginas de internet, llevan adelante una cuenta regresiva que culmina el martes 10 de septiembre, dando la impresión que semejante decisión significaría el “principio del fin” de las luchas por los DDHH en Venezuela.


Pareciera que de pronto se olvidara que desde hace tiempo, mucho tiempo, estos derechos y libertades para la mayoría de la población, en especial para los trabajadores y el pueblo humilde, han sido reducidos a su más mínima expresión en la agenda política del actual gobierno[3] y que éste ejerce el poder SIN SOMETERSE A LEY ALGUNA Y CON EL CONTROL ABSOLUTO DE TODOS LOS PODERES CIVILES, MILITARES Y MEDIATICOS[4] EN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL CAPITAL FINANCIERO Y PETROLERO, VERDADERO DUEÑO Y SEÑOR DE ESTE YACIMIENTO PETROLERO-MINERO LLAMADO VENEZUELA.

No nos oponemos per se a dicha campaña, pero en nuestra opinión en estos momentos se le hace un flaco servicio a la lucha por los derechos humanos y libertades democráticas en Venezuela, al invertir esfuerzos y energías, en una acción cuyos resultados podemos esperar sin sorpresas.

La cruzada ya empieza a surtir el efecto deseado y la respuesta gubernamental esta vez en boca del ahora canciller de la República y ex come-candela dirigente de Bandera Roja Elías Jaua ha declarado: “No somos nosotros los que tenemos que rectificar como quieren algunas llamadas organizaciones de derechos humanos, son la Corte IDH y el sistema interamericano de derechos humanos los que tienen que rectificar".[5] El gobierno a partir de hoy tiene un nuevo argumento y una nueva bandera para fanatizar y polarizar sus bases partidistas de cara a las elecciones de diciembre y a la vez acusar, otra vez, a las ONG como “agentes del imperio”. La nueva operación de distracción ha comenzado.

Lo increíble es que hoy algunas ONG “descubren”, que esta decisión del gobierno venezolano es “…una medida profundamente regresiva para las garantías de los derechos humanos en este territorio que afectará principalmente a las víctimas y a los sectores más empobrecidos de la sociedad”[6].

Además de violar los artículos i9, 31 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo”…, el hecho de que Venezuela denuncie este importante tratado internacional de derechos humanos debilita el compromiso del Estado venezolano con la comunidad internacional en el respeto y promoción a los derechos humanos”[7].

Ante esta ingenuidad política- por decir lo menos- preguntamos:

¿A qué leyes, constitución, o normas jurídicas está sometido el actual gobierno, principalmente desde el 2007, cuando la Reforma Constitucional hoy aplicada en todas sus partes, fue rechazada por la mayoría de los votantes de este país?

¿Acaso la esencia de dicha Reforma no buscaba, entre otros objetivos, la concentración del poder en manos del ejecutivo, y más concretamente en manos del Presidente de la República?

¿Realmente funciona o existe eso que se llama Justicia, poder judicial autónomo o estado de derecho para la mayoría de los habitantes de este país, especialmente sus trabajadores y gente humilde, independientemente de sus simpatías políticas?

¿Están realmente en desacuerdo con la salida de Venezuela de la CIDH los factores de poder nacional e internacional que dominan al país, tales como el capital financiero, compañías petroleras o narcotráfico y lavado de dinero con un gobierno que le sirve con absoluta fidelidad a sus intereses?

¿Realmente estará preocupada la O.N.U por que el gobierno venezolano se ponga al margen de sus orden legal, en el preciso momento en que este organismo se muestra totalmente impotente y si se quiere cómplice de la acción delictiva del gobierno de EEUU y la OTAN en contra de los pueblos y naciones como Irak, Afganistán, Siria, Libia etc., etc.?

Por qué se “debilita el compromiso del Estado venezolano con la comunidad internacional en el respeto y promoción a los derechos humanos”, y no pasa lo mismo, por ejemplo, con los Estados y gobiernos de Canadá y EE.UU que no han ratificado la Convención Americana y no reconocen la competencia de ésta, para juzgarlos. Y miren que en EEUU se violan a diario los DDHH, baste revisar la realidad de los inmigrantes, blancos y negros pobres, para no hablar del papel de policía mundial y el derecho a intervenir en cualquier país, que se abroga el gobierno de norteamericano[8].

Creemos que el nuevo espectáculo que está en pleno desarrollo forma parte del ya gastado show entre gobierno y oposición, donde ambos actores hacen su papel, el primero de “socialista, antiimperialista y revolucionario” y el segundo de “demócrata, anticomunista y capitalista”[9]; eso sí, ambos actores bajo la batuta del director de escena internacional: El capital financiero mundial y en especial su principal componente las compañías petroleras y reclamándose ambos el legado del padre de la patria.

Ante esta carpa de circo que se monta de cara a las elecciones de diciembre, es conveniente recordar algunos hechos, que hoy de pronto se olvidan, se minimizan o deliberadamente ocultan ambos actores.

Primero, inciden realmente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la realidad de los DDHH en Venezuela[10].

Hasta el primer trimestre del año 2009, última fecha en que el gobierno informó oficialmente sobre violaciones a los DD.HH las cifras eran realmente aterradoras.

La inseguridad y violencia se habían convertido en el primer problema para todos los habitantes de este país. Venezuela ocupaba los primeros lugares del mundo en esta materia, alcanzado en el referido año una tasa de homicidios de 58/100.000 habitantes, según las informaciones del propio gobierno[11]. Esta tasa era la tercera a nivel mundial, haciendo realidad el sueño de control social sobre las mayorías al que aspira toda dictadura con careta democrática- electoral: Establecer un gobierno sobre la sociedad, no de terroristas, sino de gente aterrorizada, que busca la protección, la seguridad y la paz precisamente en sus verdugos históricos como son los militares, policías, iglesias y religiones.[12].

Para la misma fecha las estadísticas oficiales arrojaban las macabras cifras de unos 120.000 homicidios y 430.000 heridos[13]. La impunidad en estos crímenes llegaba al 93 % en casos de los llamados delitos comunes[14], elevándose al 99 % cuando se trataba de ejecuciones policiales o militares, cuyos asesinatos representaban el 8 % de los ocurridos en el país. El propio Ministro del Interior de la época reconoció que el 20 % de los principales delitos -como homicidios, secuestros y extorsiones- eran cometidos por funcionarios policiales y militares bajo el control del Estado. Para el cierre del 2012 estas cifras se habían elevado a 180.000 homicidios que, sumados a los heridos, elevaban las “bajas de esta nueva guerra civil” a principios del siglo XXI en Venezuela, a más de 830.000 personas, en su gran mayoría menores de 30 años[15].

Además de las ejecuciones cometidas en este periodo por los organismos policiales y militares del Estado venezolano, encontramos otras violaciones de DDHH reconocidas en sus propias estadísticas, con cifras igualmente trágicas. Veamos:

Según la Fiscalía General de la República para el primer trimestre del 2009, las violaciones de los Derechos Humanos desde el año 2000, referidas a LESIONES, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, PRIVACIÓN DE LIBERTAD, ACOSO, TORTURA Y DESAPARICIONES FORZADAS se elevaban a 43.362, que involucraban a 36.145 funcionarios policiales y militares. Al sumarle a estas violaciones las cifras de ejecuciones perpetradas por los señores funcionarios, las violaciones a los DDHH, superaban los 51.300 casos. Solo las 8.000 ejecuciones cometidas en esos nueve años por los cuerpos policiales y militares del Estado venezolano, superaban TODAS LAS EJECUCIONES COMETIDAS POR TODOS LOS GOBIERNOS DESDE PEREZ JIMENEZ HASTA 1998.

La impunidad, protección y alianza del Estado con funcionarios delincuentes y de la delincuencia organizada (Pranes y presos incluidos) se convirtió en la política insignia del gobierno: Menos del 1 % de los funcionarios involucrados fueron detenidos o acusados, una cifra menor llegó a ser sentenciado, y otra más insignificante de policías y militares condenados pisó las cárceles del país.

Hoy, en septiembre del 2013, solo la cifra total de violaciones a Derechos Humanos a los que nos estamos refiriendo – solo las reconocidas por el Estado venezolano- supera con absoluta facilidad y conservadoramente a las 80.000 víctimas. No se olvide que en la famosa Encuesta de Victimización realizada por el gobierno y publicada en el 2010, se incluyeron las llamadas cifras negras[16] de la delincuencia y -según los resultados arrojados- apenas el 31% de los delitos cometidos eran denunciados por los afectados.

Ante estos millares de violaciones de DDHH perpetradas por el Estado venezolano contra sus ciudadanos, solamente en los últimos catorce años, ¿Cuál ha sido el papel de la CIDH?

De las 15 sentencias emitidas por la Corte, solo en seis ocasiones, la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano por violación al derecho a la vida y a la integridad personal.“Ni siquiera los dos primeros casos (El Amparo y El Caracazo) han servido para que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la fuerza”.[17]

Y hay que tomar en cuenta que en esas 15 sentencias se incluyen las dictadas contra gobiernos de la llamada IV república. Otras sentencias de la Corte han estado relacionadas con las diferencias entre los sectores políticos dominantes en el país, y que tienen que ver con la manoseada libertad de expresión (o del negocio de la prensa), la inestabilidad laboral de los jueces en Venezuela, los derechos políticos de Leopoldo López, y otras decisiones que solo en casos excepcionales tienen que ver con las miles de violaciones a sus DDHH que los organismos policiales y militares cometen contra los trabajadores o contra el hombre y la mujer que habita en los barrios y urbanizaciones populares.



Segundo, a qué intereses sirven realmente algunas ONG que dicen defender los DDHH.



En Venezuela, particularmente a lo largo de los últimos 25 años, se han librado acciones importantes en defensa de los DDHH. Los casos de los Yukpas y de Sabino Romero, Franklin Brito, la familia Barrios, Linda Loaiza, Rubén González, las masacres de El Amparo y el Caracazo, entre otros, son ejemplos demostrativos de ello. Sin embargo al lado de estas justas luchas, han sido enarbolados otros casos “emblemáticos” que obedecen más a motivos abiertamente políticos-electoreros que a la defensa de DDHH. Vale mencionar la campaña sostenida por los derechos de Eligio Cedeño, la Jueza Afiunni, Leocenis García, banqueros de la Boliburguesía presos o refugiados en Miami, policías como Mazuco y los implicados en el golpe de abril del 2003, cuyos procesos judiciales los convirtieron de la noche a la mañana de victimarios a víctimas de violaciones a DDHH.



A la vez son un claro ejemplo de cómo giran muchas ONG y personalidades, alrededor de la vieja lucha por el poder y el reparto de la Renta Petrolera que por lo menos desde Gómez, se disputan los caimanes del mismo pozo, conocidos como adecos y copeyanos, devenidos hoy en chavistas o escuálidos. O como se autoproclaman los unos, “Socialistas, antiimperialistas y revolucionarios” y los otros, “demócratas, anticomunistas y liberales”. Pero eso sí, todos se reclaman legítimos herederos del padre de la patria, agarran su santo o su virgen de turno, y se disfrazan con la bandera nacional, en un demagógico desgarre de fe y nacionalismo, como si no supiéramos que “por la plata baila el mono”.







Es precisamente esta costumbre de muchas ONG y personalidades de ese mundillo, en especial ligadas al capital internacional, a la Iglesia y a la Compañía de Jesús, las que descubren los intereses que realmente defienden, razón por la cual por más que se empeñen en darle un carácter “amplio, democrático y popular” a su actuación, gozan de un restringido apoyo y arraigo dentro de la población. Lo más irónico es que son Organizaciones No Gubernamentales en el país donde actúan, pero efectivamente financiadas por gobiernos e instituciones públicas extranjeras[18].

En la Venezuela hoy, se da el cómico y a la vez irónico espectáculo bajo la carpa del mismo circo, donde vemos de un lado la actuación de un gobierno que se declara “antiimperialista”, se desgarra las vestiduras, lanza a diario improperios y amenazas contra el gobierno del país que es su principal socio comercial, país como es de todos conocido es la vanguardia militar del imperio. Con la misma desfachatez se proclama “soberano y socialista”, mientras entrega en propiedad los yacimientos petroleros y mineros de la nación y se endeuda eternamente con el capital financiero internacional. Por el otro lado pero en el mismo circo, vemos a la oposición en búsqueda de reconocimiento, apoyo y directrices del mismo imperio y a las autoproclamadas Organizaciones No Gubernamentales que atan su presupuesto a las condiciones y exigencias de gobiernos extranjeros o -como en el caso de la Iglesia y la Compaña de Jesús- que son filiales o subsidiarias de casas matrices en el exterior.





Una plegaria infeliz.



Quienes condenan la decisión del gobierno de abandonar la CIDH, solo mencionan la violación los artículos 19, 31 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, olvidando las violaciones de los 118 Derechos Humanos y Garantías contenidos en el Título III de la CRBV, sería más fácil decir cuál derecho se respeta que enumerar los que se violan. Piénsese solamente en los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las familias y la mujer, de los derechos sociales y económicos, de los derechos ambientales o de los pueblos indígenas, de los derechos laborales –incluyendo el derecho a las condiciones, prevención y un ambiente sano de trabajo- , entre otros que son violados a diario por el actual gobierno y empresas privadas, y podrá verse con claridad la dimensión del verdadero carácter criminal, militar-policiaco de este gobierno. Solo en materia trabajo y derechos laborales, violencia contra la mujer, depredación ambiental, soberanía y seguridad alimentaria o derechos de los pueblos indígenas, se llenarían volúmenes de denuncias



En fin, en estos primeros años del siglo XXI, la actuación del gobierno no ha podido ser más trágica y macabra. Millares de violaciones a los DDHH en Venezuela, centenares de víctimas fruto de esas transgresiones a lo largo y ancho del territorio nacional, unos 12.000 ejecutados en el país, en su mayoría jóvenes, miles de policías y militares incursos en más de 20 violaciones diarias a los DDHH, jueces y fiscales del Estado al servicio del gobierno de turno, millares de obreros, campesinos y dirigentes indígenas sometidos a juicio, cientos de ellos ejecutados, trabajadores al servicio del Estado contratados por años y sin ninguna protección legal, hospitales en ruina, incontables personas haciendo cola a diario en los hospitales, en cualquier farmacia, o en un auto mercado disputándose un paquete de harina pan o un rollo de papel sanitario, trabajadores jubilados esperando eternamente el pago de su jubilación, salarios de hambre devorados por la inflación y la especulación pública y privada, etc,etc.

Este panorama desolador habla por sí solo de la inexistencia fáctica de los Derechos Humanos para la inmensa mayoría de trabajadores y de sectores humildes de la población. La causa principal de ello no es otra que la existencia de un sistema económico rapaz y de un gobierno como su representante político, que no tiene otro fin que fomentar y estimular el delito y la impunidad. En este marco no debe dejarse por fuera que el Estado y gobierno venezolano, es apoyado y goza de la simpatía del resto de Estados de América Latina[19]. De tal manera existen sobradas razones para dudar de que las súplicas y plegarias dirigidas a los cómplices nacionales e internacionales del verdugo local, cambie la realidad de los DDHH en el país.



Creer, como hoy se exige que “Por estas razones mucho estimaríamos que su Gobierno, en cumplimiento a la legítima preocupación por los derechos humanos a nivel internacional, medie sus buenos oficios para que el Gobierno de Venezuela reconsidere”, el actual gobierno va a reconsiderar su decisión, es simplemente olvidar no solo la realidad actual de América Latina, dentro de la llamada globalización mundial del capital, sobre todo cuando a través de la deuda, los tratados de Libre comercio, el IIRSA, el Plan Puebla-Panamá, la política minera y energética que avanza en el continente, con el apoyo de todos los gobiernos de la región, que al igual que el gobierno venezolano representan los mismos intereses y son fieles ejecutores de dicha política. El capital necesita para el saqueo de las riquezas del continente y del cobro de la deuda, precisamente de gobiernos que se aparten de todo el orden legal interno y garanticen los intereses y ganancias del capital invertido. Para lograrlo nada les importa violar los DDHH[20].



Una reflexión final



Aunque circulen ríos de tinta, pretender que el gobierno deje de violar los DDHH y “reconsidere”, es olvidar que, precisamente, la violación a los DDHH ha sido su norma y una poderosa arma para sostener su sistema de dominación. Si algo tenemos muy claro es que no será el tribunal internacional el encargado de demandar los derechos de las mayorías, serán estas mismas organizadas de manera autónoma, con su propio programa reivindicativo y de lucha, quienes definitivamente saldarán cuentas con los verdugos de ayer y de hoy, arrasando con sus instituciones, sus adoradores y sus dioses.



Si el Estado, sus instituciones y leyes tienen como principal función velar por la vigencia, cumplimiento y garantía de los Derechos Humanos de todos los habitantes del país y si la práctica diaria de ese Estado es violarlos persistente y sistemáticamente, no sería más efectivo que los trabajadores y pobres de este país, principales víctimas del accionar criminal del Estado nos preguntásemos: ¿Será que el problema no es cambiar de gobierno, sino acabar con el Estado?



Grupo de estudio Jesús Alberto Márquez Finol. “Motilón”

10 Septiembre 2013





[1] Primera Parte



[2] Pero óigase bien, Venezuela no se retira ni de la OEA, ni de la ONU y por lo tanto:” Con esta medida se desliga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo para nuevos casos, los asuntos introducidos antes de la entrada en vigencia de la decisión de su salida, mantienen su curso legal….A pesar de la salida de la Corte, Venezuela sigue bajo la observación de la Comisión, ya que ésta incluye a todos los estados que conforman la OEA.

Por lo tanto, la Comisión seguirá conociendo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y los ciudadanos no quedarán en el desamparo ante los abusos de poder y las violaciones a sus derechos”.http://www.talcualdigital.com/nota/visor.aspx?id=89921&tipo=AVA.



[3] Lo que llama la atención es que en el preciso momento que la crisis económica hace estrago dentro de la población y el gobierno asume abiertamente y sin mascara su esencia reaccionaria, militar-policiaca, renace esta campaña no desde el seno del gobierno que tomaría esta bandera “revolucionaria y antiimperialista” como parte de su agenda electoral y populista, sino que nació desde el exterior - un llamado de la ONU- y luego se reactivo en el país la campaña de denuncias



[4] Recuerdese que con la compra de Globovision por parte del gobierno y la autocensura que se han impuesto los principales medios de comunicación del país, se puede hablar con propiedad de que el gobierno controla también los mediático



[5] EL UNIVERSAL, sábado 7 de septiembre de 2013



[6] http://www.derechos.org.ve/2013/09/07/foro-por-la-vida-pide-a-paises-de-las-americas-instar-a-venezuela-a-reconsiderar-la-denuncia-a-la-cadh/.



[7] Ídem.



[8] La doctrina de la Guerra Preventiva pilar de la política exterior norteamericana, es precisamente la imposición de ese papel por parte del gobierno de EE.UU. Además recuérdese que los soldados norteamericano, no están sometidos a la Corte Internacional Penal, independientemente de los crímenes que cometan en cualquier país.



[9] No hay que olvidar que ambos actores compiten por la herencia de Bolívar y sobre todo la autoridad y religión del papa Francisco I, lo cual hacen sospechosas sus aparentes y antagónicas contradicciones.



[10] Aclaramos: Las cifras que recogemos solo se refieren a violaciones de algunos DD.HH, en especial algunos de los contemplados como derechos civiles entre los artículos 43 al 61 de la CRBV. En una segunda parte nos referiremos a estas otras violaciones que ocurren en el país.



[11] Véase la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, publicada en Mayo 2010 por la Vicepresidencia de la Republica.http://infovenezuela.org/encuesta-INE-inseguridad.pdf.



[12] No es nada casual que en todas las encuestas sobre el tema, sean el ejército y la iglesia las que gozan de más confianza entre los entrevistados.



[13] Se calcula en 3,62 heridos por cada homicidio ocurrido en el país, producto de la violencia social y policial.



[14] Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en cuyo informe del 2009, señalaba que de los 16.047 homicidios cometidos ese año solo se habían producido 1.491 detenciones relacionadas con dichos crímenes. Oficialmente ese año cerró con 16.047 homicidios y 58.000 heridos con los que las bajas civiles para el periodo superaron a las 550.000 personas.



[15] Como vemos el gobierno del hijo de Bolívar como fue calificado aun en vida el fallecido comandante supremo y eterno, este celebro el Bicentenario de la independencia de Venezuela, con un saldo superior en bajas a los 13 años de la guerra de independencia. No se olvide que esta guerra termina en Venezuela en 1823 con la Batalla naval del Lago de Maracaibo y la Toma de Puerto cabello por el General Páez.



[16] Son las cifras de delitos que se cometen en el país, pero que al no ser denunciados, ni investigados no figuran en las estadísticas oficiales sobre la delincuencia. Solo los homicidios eran denunciados en un 84 %, en cambio secuestros, extorsiones, torturas, siembra de delitos, violación de domicilio las denuncias no llegaban al 70%, siendo dramático el caso de la extorsión que solo eran denunciadas 3 de cada 10 cometidas en el país.



[17] http://www.el-nacional.com/politica/CORTEIDH-DDHH-DENUDA-DENUNCIA-INDEMINIZACION-SENTENCIA_0_254374806.html. Además, “Venezuela ha incumplido totalmente la mayoría de las 16 sentencias que la Corte ha dictado en su contra desde que en 1981 se sometió a su jurisdicción” EL UNIVERSAL,domingo 8 de septiembre de 2013.



[18] Y esto es lo contradictorio de su carácter de Organizaciones No Gubernamentales.



[19] Todos debemos recordar que ante la muerte del Presidente Chavez desde la ONU y la OEA hasta la mayoría de gobiernos de América Latina se desvivieron en alabanzas y reconocimientos tanto a su figura, como a su gobierno.



[20] La llamada globalización del capital, es antes que nada el establecimiento de una economía mundial profundamente interconectada, donde la llamada soberanía nacional, es una entelequia y los llamados Estados y gobierno, ha devenido en representaciones de ese capital, por lo que el concepto de Estado rebasa las fronteras nacional y hoy asistimos a la implantación del llamado Nuevo Orden Mundial o Gobernanza Mundial como eufemísticamente la llaman desde el derrumbe de la URSS en 1991.